Derogación o modificación de la ley contra el tráfico de vida silvestre, por María Elena Foronda

La reacción de los gremios de pescadores es legítima y rechazan que se les adjetivice o considere como parte del crimen organizado. Esta interpretación propalada intencionalmente encontró eco, porque no se debatió ni consultó el proyecto de ley con los pescadores. Pese a que la iniciativa es positiva e incluyente, ya que reafirma procesos.

Algunos creen que se han creado nuevos delitos que los involucra automáticamente y no es así. Desde hace años es considerado delito la extracción de especies como delfines, tortugas, especies juveniles y/o en desove, sin respetar las tallas mínimas de captura. La prohibición es con el fin de evitar su sobreexplotación y depredación del recurso pesquero como sucede con la anchoveta. O usar artes y métodos de pesca como la dinamita que perjudica directamente a la pesca artesanal.

La pregunta es ¿a quién o quiénes les conviene que no se regule el tráfico ilegal de especies? ¿Acaso no es cierto que hay un mercado “paralelo” de tráfico internacional de especies? ¿No es real que aun tras haberse establecido las «cuotas de captura» sigue la pesca negra o no declarada, a pesar de existir un sistema satelital y control en los desembarques? Sería interesante evaluar su desempeño y responder dónde está la falla del sistema de vigilancia y control del Ministerio de Producción y Ministerio de Defensa.

 ¿Es o no real que hay varaderos clandestinos que siguen construyendo embarcaciones con doble fondo, generando una mayor presión sobre el recurso? ¿Cuánto de la captura de anchoveta se procesa realmente en conserva o no es cierto que al no tener sistemas de refrigeración a bordo lo envían como descarte para harina negra porque es un buen negocio?

Estas decisiones y acciones no las toman los pescadores artesanales que buscan proteger las 5 millas marinas, como zonas de reproducción de especies y con aparejos de pesca artesanal, desterrando la pesca con cerco y boliche de esta zona sensible. Eso sería dar un paso significativo para el ordenamiento pesquero con un enfoque ecosistémico del territorio.

Pero no todo es negativo. Se puede elaborar otra iniciativa legislativa que establezca sanciones claras contra el tráfico ilegal de especies con participación de los pescadores y la sociedad civil, reconociendo  que de comprobarse y tipificarse el delito de tráfico ilegal de especies alcance a funcionarios públicos, siempre que existan evidencias que los involucren. Así contenemos que de manera sistemática se gestione y reciban coimas para el otorgamiento de permisos de pesca, habilitaciones sanitarias o certificados de matrícula para embarcaciones construidas ilegalmente. O extorsionando a pescadores y amenazándolos de que si no pagan una coima, no se les dará zarpe [de zarpar una embarcación] o se les impondrán multas como sucede actualmente.

Este problema puede ser una oportunidad para poner orden y desterrar el tráfico ilegal de especies que deben ser sancionadas drásticamente, sin calificar a los pescadores como criminales, ni distorsionar premeditadamente el propósito de la ley con el fin de mantener la impunidad.

Para algunos es más fácil callar. Para otros, adjetivar e insultar. Pero el miedo, las calumnias e infamias no nos callarán y es que no pueden estar por encima de los intereses del país. Nuestro mar y recursos naturales no son propiedad privada. Si queremos cambios reales, el presidente Castillo y el ministro de Producción deberían derogar el DS 024-2016 o ‘Ley Guiffra’ que favorece a los ‘barones de la pesca’ y no a la nación. Sería importante que se abra paso a un debate nacional sobre la lucha frontal contra el tráfico ilegal de especies, depredación de recursos hidrobiológicos y corrupción en el sector.

se publicó la Ley 31622, aprobada por unanimidad en el Congreso de la Republica. Esta ley modifica los artículos 308-B, 308-D y 309 del Código Penal con la finalidad de fortalecer la persecución penal de los delitos contra los recursos naturales. Esto ha generado reacciones y controversias que revela temas de fondo en un sector plagado por el caos.

La reacción de los gremios de pescadores es legítima y rechazan que se les adjetivice o considere como parte del crimen organizado. Esta interpretación propalada intencionalmente encontró eco, porque no se debatió ni consultó el proyecto de ley con los pescadores. Pese a que la iniciativa es positiva e incluyente, ya que reafirma procesos.

Algunos creen que se han creado nuevos delitos que los involucra automáticamente y no es así. Desde hace años es considerado delito la extracción de especies como delfines, tortugas, especies juveniles y/o en desove, sin respetar las tallas mínimas de captura.

 La prohibición es con el fin de evitar su sobreexplotación y depredación del recurso pesquero como sucede con la anchoveta. O usar artes y métodos de pesca como la dinamita que perjudica directamente a la pesca artesanal.

La pregunta es ¿a quién o quiénes les conviene que no se regule el tráfico ilegal de especies? ¿Acaso no es cierto que hay un mercado “paralelo” de tráfico internacional de especies? ¿No es real que aun tras haberse establecido las «cuotas de captura» sigue la pesca negra o no declarada, a pesar de existir un sistema satelital y control en los desembarques? Sería interesante evaluar su desempeño y responder dónde está la falla del sistema de vigilancia y control del Ministerio de Producción y Ministerio de Defensa.

 ¿Es o no real que hay varaderos clandestinos que siguen construyendo embarcaciones con doble fondo, generando una mayor presión sobre el recurso? ¿Cuánto de la captura de anchoveta se procesa realmente en conserva o no es cierto que al no tener sistemas de refrigeración a bordo lo envían como descarte para harina negra porque es un buen negocio?

Estas decisiones y acciones no las toman los pescadores artesanales que buscan proteger las 5 millas marinas, como zonas de reproducción de especies y con aparejos de pesca artesanal, desterrando la pesca con cerco y boliche de esta zona sensible. Eso sería dar un paso significativo para el ordenamiento pesquero con un enfoque ecosistémico del territorio.

Pero no todo es negativo. Se puede elaborar otra iniciativa legislativa que establezca sanciones claras contra el tráfico ilegal de especies con participación.

de los pescadores y la sociedad civil, reconociendo  que de comprobarse y tipificarse el delito de tráfico ilegal de especies alcance a funcionarios públicos, siempre que existan evidencias que los involucren. Así contenemos que de manera sistemática se gestione y reciban coimas para el otorgamiento de permisos de pesca.

habilitaciones sanitarias o certificados de matrícula para embarcaciones construidas ilegalmente. O extorsionando a pescadores y amenazándolos de que si no pagan una coima, no se les dará zarpe [de zarpar una embarcación] o se les impondrán multas como sucede actualmente.

Este problema puede ser una oportunidad para poner orden y desterrar el tráfico ilegal de especies que deben ser sancionadas drásticamente, sin calificar a los pescadores como criminales, ni distorsionar premeditadamente el propósito de la ley con el fin de mantener la impunidad.

Para algunos es más fácil callar. Para otros, adjetivar e insultar. Pero el miedo, las calumnias e infamias no nos callarán y es que no pueden estar por encima de los intereses del país. Nuestro mar y recursos naturales no son propiedad privada.

Si queremos cambios reales, el presidente Castillo y el ministro de Producción deberían derogar el DS 024-2016 o ‘Ley Guiffra’ que favorece a los ‘barones de la pesca’ y no a la nación. Sería importante que se abra paso a un debate nacional sobre la lucha frontal contra el tráfico ilegal de especies, depredación de recursos hidrobiológicos y corrupción en el sector.