OEA pide “pronta realización” de elecciones generales en el Perú

El Consejo Permanente aprobó el proyecto de la “Declaración sobre acontecimientos recientes en el Perú”.

Este lunes, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el proyecto de “Declaración sobre acontecimientos recientes” por la crisis política que atraviesa el país. En este documento solicitó a las autoridades peruanas que se convoque elecciones generales de manera “pronta”.

“Su firme llamado a las autoridades peruanas para que aseguren la gobernabilidad e institucionalidad democrática mediante la pronta realización de elecciones generales justas, libres y transparentes, con observación electoral internacional”, se lee en el oficio.
Esta resolución se encuentra respaldada por todos los países miembros de la OEA, excepto El Salvador. Asimismo, fue presentado por Colombia junto a Haití, Antigua, Barbuda y Honduras, tal y como lo confirmó la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi.

Los países también mostraron su “preocupación” por el “uso excesivo de la fuerza y las violaciones a los espacios académicos”, debido a que hace semanas la Policía Nacional del Perú ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para detener a las personas que habían llegado desde otras provincias para sumarse a las movilizaciones.

También, indicaron su “compromiso con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho” en el país. Además, señalan su consternación por la ola de violencia que se ha reportado cerca de cumplirse dos meses en la gestión de Dina Boluarte, a consecuencia fallecieron 58 personas, de acuerdo con la información de la Defensoría del Pueblo.

Ante ello, hicieron un llamado a los ciudadanos a realizar las marchas de manera pacífica tras conocerse los daños materiales, por lo que pidió que se retome el diálogo entre ambas partes para superar esta crisis.

Consejo Permanente de la OEA analizará la situación del Perú.
Foto: Captura
Consejo Permanente de la OEA analizará la situación del Perú. Foto: Captura
Piden respuesta urgente
A través del oficio, pidieron que se adopten medidas “efectivas” para que se informe todo sobre “los actos de violencia y destrucción” que se reportó en el país. De la misma manera, hicieron un llamado para que se respete y garantice la “integridad y el debido proceso” de los ciudadanos detenidos durante estas protestas.

“En ese sentido toma nota de la decisión del gobierno del Perú de brindar las facilidades necesarias al Ministerio Público para investigar e identificar; procesar y sancionar, cuando corresponda, a los responsables de las afectaciones a los derechos humanos, a la vida, a la integridad y daños a la propiedad pública y privada”, mencionan.
En este contexto, la titular de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, viajó a Estados Unidos para reunirse con las altas autoridades del gobierno. Desde este lunes 30 de enero hasta el 2 de febrero permanecerá en dicho país.

Una mujer observa desde un paso elevado una carretera cerrada por manifestantes antigubernamentales en Juliaca, Perú, el lunes 30 de enero de 2023. Los manifestantes buscan elecciones inmediatas, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la liberación del presidente Pedro Castillo, quien fue destituido y arrestado por intentar disolver el Congreso en diciembre. (Foto AP/Rodrigo Abd)
Una mujer observa desde un paso elevado una carretera cerrada por manifestantes antigubernamentales en Juliaca, Perú, el lunes 30 de enero de 2023. Los manifestantes buscan elecciones inmediatas, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la liberación del presidente Pedro Castillo, quien fue destituido y arrestado por intentar disolver el Congreso en diciembre. (Foto AP/Rodrigo Abd)
Asimismo, la Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables sobre la última muerte que se registró en Lima por la presunta comisión del delito de homicidio. Desde otro punto, existe otra investigación en contra de la jefa de Estado por el presunto delito de genocidio, el cual también alcanza al premier Alberto Otárola.