Perú suspende toque de queda ordenado para frenar protestas

El presidente peruano Pedro Castillo desactivó el martes una criticada orden de inamovilidad ciudadana que duró apenas 15 horas y fue decretada para frenar las protestas por el alza en los precios del combustible y alimentos.

El controversial decreto provocó que alrededor de mil personas desobedecieran la prohibición de salir de casa para manifestarse por el centro histórico de Lima.

“Corresponde en este momento como Ejecutivo dejar sin efecto la medida”, dijo Castillo en una breve reunión con los líderes del Parlamento sobre la crisis política. La restricción había empezado a las dos de la mañana y estaba programada a finalizar a las 23:59.

Los manifestantes exigían la renuncia de Castillo y se dirigían hacia el Parlamento, pero no pudieron avanzar por la presencia de policías. Medio centenar de inconformes arrojaron piedras contra los agentes, prendieron fuego a botes de basura y rompieron las lunas de la fiscalía. La mayoría se alejó hacia otra plaza donde protestaron sin violencia.

Era la primera vez en tiempos recientes que un gobierno buscaba frenar protestas prohibiendo salir de casa, al menos desde que concluyó la década de mano dura del entonces mandatario Alberto Fujimori (1990-2000). Los hechos se produjeron en una fecha recordada por los peruanos porque el 5 de abril de 1992, Fujimori cerró el Parlamento, el Poder Judicial y sacó a los soldados a las calles en medio de una crisis económica y social.

Las restricciones permitían el funcionamiento de servicios esenciales, incluidas farmacias, hospitales y recolección de basura. Pero en varios hospitales hubo problemas para atender pacientes porque los médicos no llegaron.

Muchos ciudadanos se quejaron por la decisión que el gobierno anunció cerca de la medianoche del lunes, varios incluso se enteraron la mañana del martes.

“Es una pena, estamos viviendo una situación económica pésima. ¿Tú sabes lo que es perder un día? Tenemos que trabajar para comer”, se quejó Juan Gutiérrez, de 45 años y padre de cuatro, quien esperó en vano un autobús para ir a una zona cercana al centro de Lima, donde trabaja en un taller de costura en el que le pagan por cada prenda que cose.

Los paraderos de autobuses de las zonas alejadas que rodean a la capital mostraban escenas similares, mientras los mercados mayoristas de alimentos lucían casi vacíos.

Perú vive una semana de protestas de camioneros y transportistas por el alza del precio de combustibles y alimentos que han dejado cuatro muertos, casetas de peaje incendiadas y saqueos en algunas tiendas.

En respuesta, el gobierno suspendió un impuesto para varios tipos de combustibles que elevaban hasta 30% el precio final. El diésel más usado bajó en 0,47 dólares por galón, pero los manifestantes dijeron que los precios no habían disminuido.

Varias vías cercanas al centro histórico de la capital lucían vacías. Los militares salieron en apoyo de la policía y se apostaron en puntos estratégicos, cerca del aeropuerto, algunas gasolineras y centros comerciales.

El ministro de Defensa, José Gavidia, dijo que el toque de queda estuvo motivado por datos de inteligencia que indicaban que la violencia iba “a generalizarse sobre todo en el centro de Lima, por lo que había que tomar medidas extremas”.

El legislador opositor derechista, Jorge Montoya, un militar jubilado, apoyó el encierro y dijo que la información que había llegado a sus oídos “es que hoy día pensaban saquear Lima, bajar de los cerros a saquear la ciudad, no solamente acá sino en diferentes lugares del país, pero la capital es un sitio emblemático”. Varios criticaron el sentido clasista de la frase y el crítico literario Marcel Velázquez dijo que el comentario de Montoya no era un exabrupto sino “el miedo tradicional de las elites limeñas a los indios” y recordó que ese temor ya existía siglos atrás.

Habitantes de varias zonas acomodadas de Lima golpearon sus cacerolas con cucharones y se grabaron en las redes sociales, mientras más de un centenar caminó con banderas de Perú por las calles de San Isidro —el barrio más rico de Perú— y de San Borja, un distrito aledaño. La policía los observó sin tocarlos. Un manifestante que se identificó como Oscar, de 76 años, le dijo a la televisora local Latina que marchaba “en contra del gobierno comunista de Castillo”.
En Huaura, al norte de Lima, grupos de manifestantes tomaron una oficina de peaje y una mujer paseó a un burro ataviado con un sombrero al que llamaba “Pedro Castillo”.

La presidenta del Congreso, María Alva, calificó el decreto de inamovilidad como “inaceptable”. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, pidió adelantar las elecciones presidenciales, igual que el partido político opositor que encabeza Keiko Fujimori, quien perdió los comicios presidenciales ante Castillo en 2021.

La medida de Castillo ha sido criticada por varios frentes, incluida en la editorial de El Comercio, unos de los principales diarios de Perú que indicó que Castillo “está tratando de tapar el sol con su autoritarismo ante la patente incapacidad de su gestión por ponerle fin a las movilizaciones ciudadanas”.

Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch, dijo en su cuenta de Twitter que “la ‘inmovilización’ establecida en respuesta al paro de transportistas es una restricción generalizada y desproporcionada a los derechos de reunión y movimiento” y añadió que la decisión del presidente Castillo “contradice las obligaciones internacionales de Perú”.
Castillo es criticado por expertos por su descuido en nombrar funcionarios claves y tiene tres investigaciones congeladas por presunta corrupción. En ocho meses de gestión ha modificado cuatro veces su gabinete y su impopularidad subió a 68% en marzo, según un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos publicado en el diario La República.

El Parlamento -que ha intentado destituirlo- lo supera en descrédito y su desaprobación llega al 79%.