POLÍTICA
Perú ratifica el acuerdo de lucha contra la corrupción suscrito con la OEA – Agencia EFE
Fotografía de archivo en la que se registró al canciller de Perú, Cesar Landa Arroyo, quien fue uno de los firmantes del acuerdo de cooperación para la lucha contra la corrupción y la impunidad entre el Gobierno peruano y la OEA. EFE/Denis Balibouse/Pool
El Gobierno de Perú ratificó este jueves un acuerdo de cooperación para la lucha contra la corrupción y la impunidad suscrito el pasado 25 de febrero con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El decreto que certifica el acuerdo fue publicado en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con las firmas del presidente Pedro Castillo y del canciller César Landa.
El convenio fue firmado en febrero en el Palacio de Gobierno de Lima en presencia de Castillo, el secretario general adjunto de la OEA, Néstor Méndez, y el canciller Landa.
Su objetivo fue establecer mecanismos de cooperación y asistencia técnica «adecuados para fortalecer las capacidades de las instituciones responsables en el país de la prevención y el combate a la corrupción, así como contra la impunidad por dichos actos», según detalló Exteriores en ese momento.
Además, contempla programas y acciones específicas de la OEA en coordinación con la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la entidad peruana rectora en este asunto.
El Gobierno peruano destacó que el acuerdo se enmarca «en los desafíos que enfrenta el país» en la lucha contra la corrupción, una política de Estado establecida en el foro del Acuerdo Nacional, que reúne a representantes del Estado, instituciones y de la sociedad civil, y en compromisos internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción.
También está acorde con el Compromiso de Lima sobre la Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción, adoptado en la VIII Cumbre de las Américas de 2018.
Perú remarcó que busca «fortalecer su institucionalidad para hacer frente a la corrupción, en atención a las obligaciones internacionales que tiene como Estado parte de los instrumentos multilaterales de lucha contra ese flagelo».
