Perú: Crisis en el país debe ser abordada con pleno respeto a los derechos humanos

Romario Quispe Garfias, de 18 años, y otro adolescente de 15 años perdieron la vida ayer en Andahuaylas, y los medios de comunicación reportan dos personas fallecidas en protestas el día de hoy, esto en el marco de una crisis política que ha generado protestas en diferentes regiones del país desde el pasado 7 de diciembre. Asimismo, decenas de personas, entre ellas civiles y policías, han resultado heridas por impactos con armas de fuego y objetos contundentes.

Además, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú registró ataques a 21 periodistas en Lima, Apurímac, Huaura, Arequipa y Puno mientras cubrían las protestas entre el 7 y el 11 de diciembre y Amnistía Internacional ha recibido información de otros hechos en los que el entorno de violencia dificulta el ejercicio periodístico y pone en riesgo la labor y el derecho a informar y ser informado. Las agresiones van desde el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, hasta agresiones, insultos e intentos de despojo de equipos de trabajo a periodistas por parte de manifestantes.

“La represión estatal en contra de quienes protestan solo está profundizando la crisis en Perú. Las autoridades deben poner fin al uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones y garantizar el derecho a la protesta pacífica, usando los medios legales y proporcionales necesarios para restablecer la seguridad ciudadana. Asimismo, para evitar que la violencia siga escalando, exhortamos a las autoridades a buscar diálogo y poner los derechos humanos como eje central de su respuesta a la crisis”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional ha verificado imágenes de policías disparando bombas lacrimógenas directamente y a corta distancia de los cuerpos de los manifestantes en la Plaza San Martín en Lima. La fuerza no debería utilizarse sino en casos estrictamente necesarios, de manera proporcional y con un propósito legítimo, que luego pueda ser sometido a un proceso de rendición de cuentas. Ante situaciones de violencia, las fuerzas del orden deben individualizar la respuesta hacia quienes sean responsables de generar disturbios o poner en riesgo la vida y la integridad de las demás personas.

Amnistía Internacional recuerda que una protesta no pierde su carácter pacífico por hechos esporádicos o comportamientos ilícitos de personas individuales y, por lo tanto, el respeto, garantía y protección de los derechos humanos asociados a la protesta de quienes se manifiestan pacíficamente no debe cesar. Además, las fuerzas de seguridad del Estado deben priorizar la solución pacífica de la situación y evitar usar la fuerza de maneras que contravengan los estándares internacionales en la materia.

Las autoridades peruanas deben investigar de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de violaciones de derechos humanos en el contexto de la actual crisis. A Amnistía Internacional le preocupa especialmente la vigencia, desde marzo de 2020, de la Ley de Protección Policial (Nº 3110), que deja abierta la posibilidad para que el uso excesivo de la fuerza por la Policía Nacional quede en la impunidad, lo que contraviene las obligaciones del Perú bajo el derecho internacional.

Amnistía Internacional reitera su llamado al respeto irrestricto de los derechos humanos y a que las autoridades desplieguen todos los recursos disponibles para resolver este conflicto por la vía del diálogo, escuchando todas las voces y deteniendo la represión para no lamentar más muertes y vulneraciones a los derechos humanos.

Asimismo, las autoridades deben usar todos los recursos disponibles para salvaguardar la vida y la integridad de todas las personas heridas, garantizándolas atención médica inmediata, oportuna y adecuada. De la misma manera, deben brindar el apoyo necesario a las familias de las personas fallecidas.

“Los derechos humanos de todas las personas deben estar por encima de cualquier interés político. La salida a esta crisis no puede implicar más violencia. Las autoridades deben anteponer la protección de la población sobre cualquier interés político”, dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.

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